Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa pandora parigi

Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa

La asociación se sustenta en su compromiso con los principios constitucionales que ordenan la función pública. Puede ser socio todo empleado público que comparta esta idea y los fines fijados en los estatutos. Para formar parte puedes dirigir tu petición a : asocfuncionpublica@yahoo.es. Hemos renunciado a subvenciones públicas y la cuota anual como socio es de 60 euros. Las reuniones de la Junta directiva son abiertas a todos los socios. El presidente actual es Julio Guiral.

jueves, 23 de noviembre de 2017

LA OPACIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN MATERIA DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.



Abundan en prensa y en notas informativas de los sindicatos de la función pública, noticias relativas a la próxima aprobación de la oferta de empleo público para 2017 por parte del Gobierno de Aragón, tras la correspondiente negociación colectiva. Sin embargo, y en contra de lo que requiere el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa para la información de relevancia jurídica, no es posible obtener dato alguno sobre dicho proyecto de oferta en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.
De acuerdo con lo que señala el artículo 15 de la Ley8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, las Administraciones Públicas aragonesas publicarán, en su correspondiente portal de transparencia, “los proyectos de reglamento, una vez elaborados y previamente a la solicitud de los informes y dictámenes de los órganos consultivos”. 
Toda vez que la oferta de empleo público se tramita y aprueba como una disposición general, aprobada por Decreto del Gobierno de Aragón, su tramitación debiera quedar sujeta a la obligación de publicidad actica prevista en el precepto señalado. Sin embargo, es fácil apreciar, con una mera visita al Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, que no se respeta dicha obligación, y dicho incumplimiento no puede achacarse a inadvertencia, sino a una mala praxis –de evidente ocultación- que ya fue puesta de manifiesto por una resolución del Consejo de Transparencia de Aragón, resultante de una reclamación promovida por esta Asociación.
No es razonable que los proyectos de oferta solo tengan publicidad relativa a su tramitación una vez que han resultado aprobados por el Gobierno de Aragón, hurtando con ello la debida información a los ciudadanos sobre la adecuada tramitación del mismo, e impidiendo conocer el contenido del proyecto en el momento en el que el mismo ha sido elaborado, sin perjuicio de los trámites posteriores, como son los preceptivos informes de la Inspección General de Servicios y de la Dirección General de Servicios Jurídicos.
La Ley de Transparencia aragonesa no deja lugar a dudas sobre el momento en el que el proyecto de oferta de empleo público –como proyecto reglamentario- debe ser objeto de publicidad activa en el Portal de Transparencia, momento que fue expresamente indicado por el Consejo de Transparencia de Aragón en su resolución de 27 de marzo de 2017. Es evidente también la nula voluntad de los responsables de la Dirección General de la Función Pública de dar cumplimiento a lo indicado en la citada resolución, en la que se instaba al Departamento de Hacienda y Administración Pública –como sujeto obligado a publicar los proyectos de reglamento relativos a la oferta de empleo público de Gobierno de Aragón- a publicar, en lo sucesivo, la información en el momento procedimental oportuno.
Frente a lo instado por el Consejo de Transparencia de Aragón, los responsables del Departamento de Hacienda y Administración Pública han hecho caso omiso a su obligación de publicidad activa, y nuevamente los ciudadanos vemos negado nuestro derecho a conocer el contenido de un proyecto de oferta de empleo público sobre el que, sin embargo, medios de comunicación y sindicatos difunden información, sin que ello pueda suplir la debida publicidad activa en el Portal de Transparencia. Publicado por ASOC. DEFENSA FUNCION PUBLICA ARAGONESA en 07:28 2 comentarios: Enviar por correo electrónico Escribe un blog Compartir con Twitter Compartir con Facebook Compartir en Pinterest

jueves, 16 de noviembre de 2017

LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA COMO TAREA PROPIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.



Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, instituido por Naciones Unidas tras la aprobación en 2003 de la Convención contra la Corrupción, ratificada por España en 2006 y por la Unión Europea en 2008, esta Asociación organizará el próximo mes de diciembre un acto público en el salón de actos de la Biblioteca de Aragón, con la intervención de Joan Llinares, Director de la nueva Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana.
Es importante afrontar el grave problema de la corrupción pública, tanto política como administrativa, con una estrategia amplia de medidas de prevención, entre las cuales ha de ocupar un papel fundamental el reforzamiento de la profesionalidad de los servidores públicos y la promoción de códigos de conducta que hagan de cada funcionario un agente activo de prevención de posibles irregularidades en la gestión pública, y hemos de explorar la función que pued a cumplir en dicha estrategia la creación de agencias de prevención, con una dependencia directa del Parlamento, como es el caso de la recientemente creada Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, y también de la aragonesa Agencia de Integridad y Ética Públicas, creada por la Ley 5/2017, de 1 de junio.
Entre los objetivos establecidos en la nueva Ley autonómica de Integridad y Ética Públicas se señalan el de establecer y fomentar el cumplimiento de los códigos de conducta de los empleados públicos y regular el estatuto del denunciante. No es posible desconocer que desde 2007, años en el que se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se incluía un ambicioso precepto dedicado a los códigos de conducta de los empleados públicos, nada se ha hecho para su instauración y control en los diferentes ámbitos de la Administración autonómica, y no parece que para la aplicación de una Ley sea necesaria la aprobación de otra, sino la adopción de medidas tendentes a llevar a la práctica administrativa los principios de conducta ya establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. 
Diez años de inactividad en esta materia parecen quererse enmendar ahora con una nueva Ley, pero nada permite augurar, por el momento, que la nueva Ley vaya a tener mayor aplicación que el inaplicado Estatuto Básico del Empleado Público. Debemos por lo tanto alertar sobre el carácter meramente cosmético que pueden revestir ciertas decisiones legislativas, si las mismas no vienen acompañadas de una clara voluntad política de aplicación, y si las instituciones de control, como puede ser el Justicia de Aragón, no adoptan un compromiso firme en el ejer cici o de su labor de tutela del ordenamiento jurídico aragonés, evitando que las normas legales que debieran ayudar a corregir deficiencias y disfunciones de la acción pública se vean relegadas a la inoperancia, por la falta de aplicación real de sus previsiones.
Nuestra Asociación, desde una posición crítica con la nueva Ley de Integridad y Ética Públicas, tratará de que el conjunto de las instituciones públicas incorpore en sus objetivos de acción medidas que refuercen el papel de los servidores públicos en el ámbito de la prevención y la denuncia de la corrupción pública, entendiendo que el respeto al régimen de selección del personal de las Administraciones y el fomento de su profesionalidad en el desempeño de las funciones –con un sistema adecuado de provisión de puestos de trabajo y un modelo objetivo de carrera p rofesional - son elementos imprescindibles de dicha estrategia. Mal se puede aspirar a superiores niveles de integridad pública mientras el acceso al empleo público y el sistema de provisión de puestos permanecen claramente alejados de la legalidad constitucional y administrativa y la objetividad y el mérito siguen viéndose relegados por la discrecionalidad política y la vulneración de las normas.
Publicado por ASOC. DEFENSA FUNCION PUBLICA ARAGONESA en 07:25 4 comentarios: Enviar por correo electrónico Escribe un blog Compartir con Twitter Compartir con Facebook Compartir en Pinterest

jueves, 9 de noviembre de 2017

NECESIDAD DE REFLEXIÓN, DEBATE Y ACCIÓN, DESDE EL COMPROMISO PLENO CON LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO.



Esta Asociación, en la reciente reunión mantenida por su Junta Directiva, ha valorado no solo la oportunidad sino también la necesidad de seguir impulsando, en el ámbito de las Administraciones Públicas y del conjunto de las instituciones públicas, una labor de impulso de medidas tendentes a reforzar el compromiso con la legalidad, la profesionalidad y la ética de los servidores públicos, para contribuir con ello a la fortaleza del Estado de Derecho y a la calidad de nuestra democracia, especialmente en estos momentos en los que se sufre el ataque indiscriminado por parte de aquellos que, pese a sus proclamas de democracia, son incapaces de apreciar todo lo valioso que ha aportado a la sociedad española la Constitución Española de 1978, en la que se han reconocido al más alto nivel los derechos fundamentales de los ciudadanos y se han proclamado los principios y dictado las reglas que aseguran nue rohuqyjw. pandora app storestra libertad y nuestra convivencia dentro del respeto al pluralismo y a la diversidad.
Desde esta Asociación reivindicamos sin reserva alguna la vigencia de los principios y valores de nuestra Constitución y la imprescindible vigencia del Estado de Derecho, sin el cual cualquier aspiración de convivencia democrática resulta irrealizable. Cualquier proyecto formulado al margen de sus cauces constituye una amenaza a la libertad de todos y al bienestar colectivo, al que todos hemos de contribuir con un comportamiento cívico y respetuoso de la legalidad. No hay nadie exento del pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, y mucho menos las autoridades públicas y responsables institucionales, cuyo desafío al orden constitucional reviste una extrema gravedad.
Vamos a seguir ejerciendo el uso público de la razón, vamos a seguir promoviendo dentro de las Administraciones Públicas el cumplimiento de la legalidad, el avance en objetivos de profesionalidad e integridad en el desempeño de la función pública, el irrenunciable empeño en conseguir cotas crecientes de buen gobierno y buena administración que redunden en la calidad democrática de nuestra sociedad y nuestro sistema político, y animamos a servidores públicos y ciudadanos a participar de este esfuerzo común al que todos hemos de contribuir con nuestro trabajo, nuestra actitud, nuestra capacidad de encuentro.
Todas las ideas son valiosas si contribuyen a enriquecer el necesario debate en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados, si se formulan desde el compromiso de profundizar en el proyecto de libertad y convivencia que supone nuestra comunidad política, definida en la Constitución Española y en los Tratados de la Unión Europea, y esta Asociación no solo está dispuesta a expresar sus ideas, desde el respeto a las de los demás, sino a considerar las ideas y posiciones ajenas como aportación estimable a los soluciones que entre todos hemos de ser capaces de hallar, para seguir avanzando en nuestra vida democrática, con el objetivo primordial de hacer realidad la libertad plena de las personas y la dignidad de todos, desde la solidaridad y la atención a las condiciones de vida de todos, de modo que nadie se vea excluido ni privado del potencial que le corresponde como persona, como ciudadano, como ser humano y elemento necesario y activo de la sociedad de la que todos formamos parte. Publicado por ASOC. DEFENSA FUNCION PUBLICA ARAGONESA en 07:16 No hay comentarios: Enviar por correo electrónico Escribe un blog Compartir con Twitter Compartir con Facebook Compartir en Pinterest Entradas antiguas Página principal Suscribirse a: Entradas (Atom) Oferta parador

FRUSTRACIÓN


¿Y qué vamos a hacer con los dos millones que votaron a favor de la independencia?, se preguntan muchos analistas. ¿Se puede tener a dos millones de ciudadanos permanentemente frustrados? Sin duda, se trata de una pregunta legítima. Frente a las dictaduras, que se basan en la imposición, la argamasa de la democracia es el consentimiento de los gobernados. Cuando este desaparece o escasea, lo hace la legitimidad, sin la cual el sistema no puede funci

¿Podemos cuantificar la frustración? Además de los sondeos, que señalan un porcentaje favorable a la independencia oscilante en torno al 40%-45% de los encuestados, 1.861.753 personas votaron a favor en la consulta del 9-N de 2015. Según la Generalitat, 2.044.038 lo habrían hecho el 1 de octubre de 2017, dato sin verificación independiente y con múltiples irregularidades. Entre ambas cifras, Junts pel Sí y la CUP sumaron 1.957.348 votos, esto es, el 47,7% en las autonómicas (plebiscitarias) de septiembre de 2015.

Una y otra vez vemos cómo los independentistas logran apoyos muy amplios, casi al borde de la mayoría, pero sin la rotundidad suficiente para legitimar la ruptura unilateral a la que aspiran. De ahí la frustración, que el diccionario define como la “imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo”, y, como consecuencia, “el sentimiento de tristeza, decepción y desilusión que esta imposibilidad provoca”.

La frustración se origina en la polarización. Cuando la satisfacción con la democracia se hace depender de una cuestión binaria y que nos divide, es lógico que la mitad perdedora se sienta frustrada. Por eso, los referendos son una buena idea si se usan para ratificar los acuerdos alcanzados (como pasó con la Constitución del 78), pero mala para resolver disputas sobre las que no se ha encontrado una solución.

La democracia no debe generar frustración. Pero tiene que encauzar las preferencias ciudadanas, por incompatibles que sean. La Constitución del 78 requirió un buen número de frustraciones cruzadas: el PCE aceptó la monarquía, los militares a los comunistas, el PSOE renunció al marxismo, la derecha al centralismo... De aquel cruce de frustraciones salieron los mejores 40 años de nuestra historia. Si democracia es la organización de la frustración, ¡frustrémonos todos un poco!

(Artículo de José Ignacio Torreblanca, publicado en "El País" el 9 de noviembre de 2017)

CATALOGNE, PLACE À LA DÉMOCRATIE.

Et maintenant, place à la démocratie. La décision du gouvernement espagnol, annocée vendredi soir 27 octobre par son président, Mariano Rajoy, de convoquer des élections régionales le 21 décembre en Catalogne remet enfin le curseur là oì il devait être dans cette douloureuse affaire catalane. Il fallati donner la parole aux Catalnas eux-mêmes. A tous les Catalans. A eux, à présent, de se prononcer.

La « république indépendante » proclamée dans l’après-midi par un Parlement catalan déserté par près de la moitié de ses élus est une fiction, qui n’aura vécu que quelques heures. Aucun Etat étranger ne l’a reconnue. L’Union européenne et ses principaux Etats membres ont aussitôt réaffirmé leur soutien à l’Etat espagnol. L’avis des services juridiques de l’assemblée catalane, qui avaient averti que la résolution d’indépendance soumise au vote des députés était illégale, a été superbement ignoré par les dirigeants indépendantistes.

Lire aussi : Catalogne : Puigdemont n’accepte pas sa destitution et appelle à « s’opposer » à Madrid

L’état d’impréparation de ces mêmes responsables sur ce que serait, institutionnellement, économiquement, diplomatiquement, la république à laquelle ils prétendent donner naissance, a trahi une immaturité politique sidérante. Aucun projet d’avenir sérieux, au-delà de la simple affirmation de l’indépendance, n’a été soumis au peuple catalan. Les milieux économiques, pourtant traditionnellement proches des nationalistes, ont si peu confiance dans la viabilité de cette procédure que près de 1 700 entreprises ont déjà quitté la Catalogne depuis un mois.

Malgré les applaudissements d’usage et contrairement à ce que peuvent laisser croire des images télévisées forcément partielles, il n’y a eu ni fierté ni liesse populaire à Barcelone pour saluer cette proclamation bancale. L’heure est trop grave pour les Espagnols, toutes régions autonomes confondues, et pour les Européens, qui savent ce que peut coûter à l’UE cette crise en son sein, pour se laisser aller à des débordements d’allégresse – ou de colère – face à une folle fuite en avant. Il faut à cet égard saluer la remarquable retenue du peuple catalan, qui, à l’exception de quelques incidents mineurs, a su éviter jusqu’ici dérapages et affrontements.

Il faut aussi saluer la volonté des responsables de Madrid (après la bavure de l’intervention brutale de la Guardia Civil lors du vote sur l’indépendance, le 1 er octobre), de Bruxelles et des gouvernements européens de s’en tenir au droit, rien qu’au droit, et au respect des règles démocratiques et constitutionnelles. C’est le fondement de la construction européenne, et c’est la grande erreur de Carles Puigdemont de l’avoir ignoré.

Car le président de la Généralité de Catalogne, désormais destitué par Madrid, aurait pu, lui-même, décider de donner la parole à ses électeurs en convoquant, de Barcelone, un tel scrutin régional. Mais l’indécis M. Puigdemont s’est laissé enfermer dans les replis d’un nationalisme jusqu’au-boutiste, qui a transformé une aspiration légitime à une autonomie mieux conçue en une haine d’une Espagne fantasmée comme une dictature qu’elle n’est plus.

Le moment est venu de reprendre son souffle et de regarder l’avenir. Les élections convoquées par M. Rajoy offrent aux nationalistes catalans la perspective d’un processus légal et négocié pour décider de leur relation avec le reste de l’Espagne. Rien ne dit, à ce stade, que la raison l’emportera. Mais il y a, enfin, une porte de sortie de crise dans laquelle les forces politiques catalanes responsables peuvent tenter de s’engouffrer.

(Editorial de "Le Monde", publicado el 28 de octubre de 2017)


UN PAÍS A LA DERIVA

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, mantiene a Catalunya montada en la vagoneta de una montaña rusa. No es una montaña rusa al uso, de ruta y velocidad prefijadas, sino otra imprevisible, que parece evolucionar desprovista de un timonel fiable.

Es una vagoneta que ya no sabemos quién pilota, y que está sometiendo a todos los catalanes embarcados en ella a la más mareante de las incertidumbres. Tras dos días de reuniones maratonianas, que se prolongaron mañanas, tardes, noches y madrugadas, y en las que intercambió impresiones con miembros de su partido y de la mayoría parlamentaria soberanista, también con su Estado Mayor en la sombra, el president amaneció ayer con el aparente propósito de convocar elecciones. Se dio incluso por buena una fecha, la del miércoles 20 de diciembre. Esa era, en opinión de la mayoría de los catalanes que asisten sobresaltados a tanto vaivén político y temen por el futuro colectivo, la opción más razonable. También era la opción conveniente para dar con la salida menos traumática a la enrevesada coyuntura política actual. A diferencia de una declaración unilateral de independencia (DUI), que comportaría la inmediata aplicación del artículo 155 de la Constitución, y la consabida intervención de la autonomía catalana por el Estado, la convocatoria de elecciones propiciaba un guión de pacificación política y social que ahora mismo resulta tan deseable como urgente.

Sin embargo ayer, tras nuevas y agitadas reuniones matutinas, renovadas presiones del ala radical del independentismo, amagos de dimisiones si se seguía con el plan electoral y acusaciones de traición, Puigdemont pospuso una hora su declaración institucional prevista en el Palau de la Generalitat para las 13.30 horas. Y, poco antes de las 14.30 horas, se comunicó que esta segunda convocatoria quedaba anulada. Cuando finalmente apareció en público, sobre las cinco de la tarde, Puigdemont expuso un plan distinto del que iba a comunicar por la mañana. Afirmó entonces que si bien había considerado la posibilidad de convocar elecciones, recalcando que esa era su potestad, entendió que el Partido Popular no había dado garantías de que tal convocatoria bastaría para evitar la aplicación del 155. Y concluyó que ahora correspondía al Parlament proceder según lo determine su mayoría soberanista. En otras palabras, pareció descartar las elecciones, pasar la pelota a Junts pel Sí y la CUP, y dejar que sean ellos los que decidan si habrá declaración de independencia. La Cámara catalana se reunirá hoy y es probable que al fin salgamos de dudas. O no. En tal caso, no despejaremos la incógnita hasta que el Senado vote sobre la aplicación del 155 y hasta que el Gobierno la haga efectiva.

Durante los últimos cinco años, el Govern ha prestado más atención y energías al proceso soberanista que a la gestión del día a día. Esta situación dista de ser la ideal para cualquier país que aspire a progresar y a mejorar el bienestar ciudadano. En tiempos recientes, esta prioridad, además de alejarnos de la optimización de la gestión pública, ha ido adentrándonos en un bosque de incertidumbres. Y ya casi parece que hemos perdido la senda de vuelta y nos hemos instalado en ese bosque.

La incertidumbre no es buena para nadie ni para nada. No lo es para los ciudadanos, que ven turbada su cotidianidad y nublado su futuro. No lo es tampoco para la economía, dicho sea de modo explícito y sin atisbo de retórica: la fuga de empresas, la retracción de la inversión exterior y la caída del consumo interior –es decir, lo que ha ocurrido aquí en las últimas semanas– acaban teniendo consecuencias sobre la ocupación laboral. Tampoco es buena la incertidumbre para la política de este país. Ni para su imagen. La afirmación “El món ens mira”, que el soberanismo ha repetido ufano tantas veces, debe producirle ahora alguna inquietud. Porque el esperpéntico espectáculo ofrecido por el soberanismo a ese mundo que nos mira en los últimos días es de los que se recuerdan. Y no con admiración.

Puigdemont rindió ayer un flaco servicio a la imagen de seriedad que en todo momento debe tener la Generalitat. Sus vacilaciones causaron perplejidad. A los catalanes no les cuesta entender que su presidente tome una decisión, en un sentido u otro. Pero sí que reaccione a la manera de una veleta y se deje influir con facilidad por quienes rebaten sus opiniones hasta el punto de invertirlas. En suma, que no ejerza el juicio propio ni la autoridad que le confiere el cargo.

Su conducta también causó perplejidad entre los miembros del Gobierno central, que tras el episodio de ayer tendrán más dificultades para reconocer en Puigdemont a un interlocutor fiable, visto que sus opiniones experimentan giros copernicanos en momentos decisivos. Entre esa desconfianza y la recíproca, la que también siente Puigdemont hacia sus potenciales interlocutores en Madrid, se hace difícil avanzar por la vía del diálogo.

No es sólo eso. En estas últimas horas son numerosas las personas –políticos españoles con diversos cargos y de distintas filiaciones– que con la mejor voluntad han tratado de tender puentes que facilitaran el diálogo entre el Govern y el Gobierno. Buscaban, porque la consideraban perentoria, una posibilidad de entendimiento que permitiera desactivar el lesivo efecto del 155. Es más, alguno de ellos creía haber tejido las complicidades necesarias para que tal cosa pasara. Pero también ellos se sintieron decepcionados cuando el president, mal aconsejado, llevado más por la supuesta fidelidad a una causa que por el bien del conjunto del país, eligió la opción inadecuada, dejándoles en la estacada.

Las posibilidades de llegar ahora a una solución dialogada y pactada del conflicto, por la que La Vanguardia ha abogado repetidamente, y por la que cree imprescindible seguir apostando, son ahora menores, por no decir mínimas. Cada hora que pasa se reducen. La moderación está en retroceso –y eso no es buena noticia–, como ilustró anoche la dimisión del conseller Santi Vila. Han aumentado, en cambio, las posibilidades de que el Parlament proclame una DUI, así como las de que el Senado ultime la tramitación del 155 y de que el Gobierno le dé luz verde. A partir de ahí Catalu­nya puede entrar en una fase más tormentosa, con agitación callejera de difícil control. Todo ello puede suceder en un marco ya precario, con la sociedad dividida, con la economía menguada, con daños institu- cionales serios y con la imagen internacional de nuestra comunidad en caída libre. El enredo de ayer no contribuyó, ciertamente, a mejorar nada de eso. Y lo que puede pasar en días venideros no resulta alentador. Es cierto que algunos acuerdos se logran a última hora, sobre la campana, y que ayer el socialista Miquel Iceta invitó a Puigdemont para que acudiera hoy al Senado. Pero la ocasión perdida ayer merecía mejor suerte. Ahora mismo, Catalunya es un país a la deriva.

(Editorial de "La Vanguardia", publicado el 27 de octubre de 2017)


CADENA DE ENGAÑOS

El independentismo ha construido la ilusión de la viabilidad económica de Cataluña sobre un suelo de engaños, verdades a medias y suposiciones aventuradas que los hechos están desmontando día tras día. Los pilares básicos de la ensoñación económica independentista ya no se sostienen por más tiempo: ni Bruselas puede aceptar una Cataluña independiente integrada en el euro —en caso de secesión pasaría a ser, sin más, un país tercero, con el encarecimiento subsiguiente de sus productos en los mercados europeos—, ni podría participar en el Espacio Económico Europeo sin la unanimidad de los países miembros, ni sería capaz de sostener una financiación pública satisfactoria, con un rating de la deuda actualmente en el nivel de bono basura y sin perspectivas de mejorar después de la secesión.

Es muy difícil evitar la impresión de que el discurso soberanista está edulcorando a discreción la realidad de Cataluña para mantener ante los votantes catalanes el engaño descarado de una república independiente próspera y felizmente desembarazada del peso muerto de España. El informe reciente de la Generalitat (La situació de l’economía en un Estat catalá) es un resumen de tergiversaciones y apriorismos económicos que niegan la realidad. Ni el PIB catalán es igual al de Dinamarca, ni supera la media europea en el 14,5% (sólo en el 7%) ni la Hacienda independiente recaudaría 24.000 millones más. Bien a la vista está que la recaudación probablemente caería en picado, por el efecto expulsión de empresas y por la desaceleración debida a las caídas del consumo y de la actividad derivadas de la incertidumbre.

Los hechos contrastados (imposibilidad de continuar en la UE, cambio masivo de sede de las empresas catalanas, más de 1.300, que en muchos casos, como en el de la Caixa, serán para siempre) deberían ser suficientes para que los políticos independentistas abandonaran el discurso de una viabilidad fantasmagórica. El probable cambio de sede de Seat tendría además consecuencias muy graves para el empleo. Incluso admitiendo que cualquier región europea sería viable a largo plazo si se independizara, lo que importa no es la viabilidad en abstracto, sino el volumen de los costes de transición —inasumibles por la economía catalana— y cómo quedaría la renta de los ciudadanos en la república independiente. A la vista de los efectos de la secesión sobre el saldo comercial catalán y sobre su capacidad financiera, parece evidente que el PIB per capita sufriría una contracción aguda y rápida.

El engaño de una Cataluña más rica si se libra del resto de España (un discurso despectivo y supremacista hacia todo el país) tiene responsables intelectuales, instalados en la Generalitat y en las instituciones catalanas. También en los colectivos de apoyo que facilitan el narcótico económico de una Arcadia catalana independiente, capaz de “diseñar nuevamente las instituciones y las reglas del juego”, dichosamente liberada de un marco institucional español inadecuado para generar riqueza “basada en la actividad productiva”. Con estas y otras falsedades se engaña a los ciudadanos catalanes. El embuste continuará mientras no se contrasten las mentiras económicas secesionistas con la realidad implacable de Europa y de las empresas.

(Editorial de "El País", publicado el 25 de octubre de 2017)

¿ADÓNDE VAMOS?

Independientemente de cómo evalúe cada uno el auto de la Audiencia que dictó prisión incondicional para los dos principales activistas de la revuelta soberanista, hay ciertos principios democráticos a los que todos debemos atenernos.

El principal es que la separación de poderes, requisito del Estado de derecho, exige reconocer y respetar la independencia de cada uno de ellos y, por tanto, acatar las resoluciones judiciales. Ello no implica estar siempre de acuerdo —por eso las democracias arbitran cauces para recurrir las decisiones de los jueces—. Lo olvidan los independentistas cuando mezclan actuaciones distintas de cada uno de los poderes en un totum revolutum de un Estado presuntamente hostil. A la inversa, otros se atribuyen los dividendos de las acciones de los demás poderes.

El secesionismo debería evitar la falaz construcción de un caso general según el cual estaría perseguido por unos poderes dictatoriales coordinados, que tratarían a Cataluña como un país sojuzgado para reclamar una secesión remedial avalada por la comunidad internacional. ¡Ya basta de esta burda manipulación que tanto está perjudicando la imagen exterior de España! Si los procesados bloquearon o no a la policía judicial, apoyándose en la muchedumbre por ellos convocada y en presunta comisión de graves delitos contra el orden público, habrá que dilucidarlo en la escena judicial. En ningún caso, desde luego, estaríamos ante delitos de opinión que les convirtieran, como increíblemente señalan Pablo Iglesias y otros, en presos políticos. Ya está bien de banalizar términos como dictadura, fascismo u opresión. España es una democracia, y —como señala la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del referéndum— es en Cataluña donde Govern y Parlament han suspendido de facto los derechos democráticos de los ciudadanos y puesto en peligro sus libertades.

Dicho esto, el Gobierno no debe esperar que las decisiones judiciales resuelvan los problemas políticos presentes. Los jueces deciden sobre delitos. Ni pueden ni deben solucionar problemas políticos. Estamos ante una grave crisis del sistema constitucional: falla la convivencia, se quebranta la ley y el poder no es capaz de restaurar el orden constitucional. Aunque sea originariamente causada por el golpe legislativo de un poder autonómico —muy bien descrito en la sentencia de ayer del Tribunal Constitucional—, al ser la autonomía y la democracia características gemelas e inseparables de la Constitución de 1978, la fisura de una arriesga con fracturar la otra.

El principal problema que afronta hoy España es cómo restaurar la legalidad; de qué alcance se dota a los instrumentos a emplear para ello; cómo combinar firmeza y ponderación; cómo debe ser el escenario inmediato —y el posterior— al empleo de medidas de reconducción obligatoria de una comunidad instalada en la desobediencia. Y todo eso es responsabilidad directa del Gobierno. Con el apoyo de las fuerzas políticas constitucionalistas españolas y catalanas, por supuesto, pero bajo el liderazgo del Gobierno. Sabedores de que el secesionismo propone la ilegalidad, provoca la fuga de empresas y fomenta el caos, ¿adónde quiere conducirnos exactamente el Gobierno? ¿Adónde vamos? ¿Cómo y para qué piensa utilizar el artículo 155 de la Constitución? Señor Rajoy: reclama usted con todo derecho el respaldo que cualquier gobernante democrático merece en circunstancias como las actuales, pero díganos: ¿cuál es su plan? ¿Cómo piensa sacarnos de esta? No se difumine tras cartas e instituciones. Explíquese con detalle y claridad. ¿Cómo, si no, podrá requerir el máximo apoyo de los ciudadanos, indispensable para preservar la democracia?

(Editorial de "El País", publicado el 18 de octubre de 2017)

ESPERANDO A GODOT

El desarrollo del proceso independentista en Cataluña y la forma de afrontarlo por el sistema político español componen una insensata representación del teatro del absurdo, carente de sentido y, quizás, también de esperanza.

Los independentistas están empeñados en convertir en realidad su convicción de que el pueblo catalán tiene derecho a la autodeterminación, amparado por el derecho internacional; que la independencia es alcanzable de forma sencilla e inmediata; que será bien acogida por la sociedad internacional —destacadamente, por la UE— y que es alcanzable de forma pacífica y plenamente legal, incluso, sin una clara mayoría. Que una construcción semejante haya sido amparada —por acción u omisión— por, entre otros, destacados juristas catalanes demuestra hasta dónde ha llegado el independentismo y la inutilidad, hoy por hoy, de cualquier intento de debate racional que la ponga en tela de juicio.

Solo los independentistas son responsables de su estrategia y de sus gravísimos efectos. Pero el sistema político español —muy destacadamente, el Gobierno y su partido— es responsable de las consecuencias de renunciar a enfrentarse al reto independentista de forma adecuada: políticamente. Durante largos años se ha limitado a contemplar, con pasividad, el crecimiento de sus apoyos, instalado con relajo en la arrogante convicción del carácter inexpugnable de su fortaleza jurídica. Ha olvidado la trascendencia de la política y la imposibilidad, en una democracia, de reducirla total y absolutamente a la ley. La ley marca el terreno de juego de lo que se puede —y no se puede— hacer; pero la política puede poner en crisis la percepción ciudadana de legitimidad de la ley. Cuando eso ocurre el sistema democrático está en crisis.

El Estado no puede renunciar a imponer el cumplimiento de su derecho; está en su identidad genética. En contra de lo que parecen querer creer los independentistas, no resulta fácilmente imaginable que fracase en esa operación, a pesar de la ineptitud mostrada el 1-O. El problema es el precio a pagar por lograrlo, que será más elevado cuanto mayor sea la fortaleza —y la resistencia— del independentismo y mayor la impericia del Gobierno. El sistema democrático va a salir muy maltrecho; está ya profundamente erosionado en Cataluña, y la imagen internacional de España —y su credibilidad en Europa— sufrirá un profundo deterioro. Los acontecimientos del pasado domingo son una seria advertencia.

Hace mucho tiempo que el Gobierno, a la vista de su estrategia, tendría que haberse enfrentado a un problema peliagudo: ¿cómo se gestiona políticamente, en un sistema democrático, un quebrantamiento hipotéticamente masivo de la ley, protagonizado por importantes autoridades del territorio, respaldado políticamente, cuando los delitos que asoman por el horizonte son de tan especial gravedad? Quienes diseñaron esa estrategia, ¿nos ocultaban este panorama o simplemente lo ignoraban?

Se ha perdido mucho tiempo, ya irrecuperable, y se han provocado muchos daños, ya irreversibles. Pero nos encontramos ante el mismo reto que se viene tratando de eludir tozudamente desde hace muchos años: la necesidad de una profunda reforma del sistema autonómico que, en parte importante —y su aglutinante—, debe ser reforma de la Constitución. Solo hay un terreno político en el que se puede debilitar el apoyo social al independentismo: la mejor conformación del sistema autonómico aprendiendo de la experiencia de los mejores sistemas federales de nuestro entorno. Los defectos del sistema autonómico, magnificados, han sido un elemento determinante en el proceso de deslegitimación que se encuentra en la base del reto independentista; lo fue —y lo volverá a ser— en el País Vasco y lo ha sido en Cataluña. Una reforma así planteada se corresponde con la realidad de lo que es hoy el sistema autonómico y con sus necesidades. No se trata de satisfacer a los independentistas, sino de lograr un sistema de autonomías territoriales sólido y saludable que estará en mejores condiciones de dificultar su descalificación y la justificación de las propuestas de ruptura.

Los autores intelectuales de la estrategia independentista han solido reconocer que su mayor riesgo de perder apoyos cualitativamente determinantes se encontraba en la tercera vía, viendo con satisfacción la incapacidad para articularla. Paradójicamente, la negación de esa posibilidad ha surgido de entre quienes se oponen a la pretensión independentista. Alegan que ninguna reforma serviría para resolver el problema porque no satisface a los nacionalistas. Los independentistas entendieron que se puede influir en el cambio de actitud de los ciudadanos y ello les ha permitido ir engordando sus filas de forma significativa. No hay que mirar a la forma en que los independentistas expresan su reivindicación, sino a lo que ha movido a parte de los ciudadanos a respaldarla en un momento concreto. A estos no se les puede ofrecer su sueño —una Cataluña independiente—, pero sí una realidad aceptablemente satisfactoria como para que un sector suficiente de ellos considere que no merece la pena lanzarse a arriesgadas aventuras. Eso es lo que, entre otras cosas, podemos aprender de los países que han sido capaces de enfrentarse con éxito a retos similares —que existen—, y también de los que fracasaron —que también los hay—. Los sondeos muestran que, en Cataluña, todavía hay un sector suficientemente importante en ese territorio a conquistar.

La situación en que hay que afrontar este reto es una de las peores imaginables. Venimos de una práctica política partidista profundamente tóxica. Cualquier propuesta de reforma del sistema autonómico ha sido asaeteada en cuanto asomaba la cabeza, para ser descalificada despectivamente, sin ofrecer ninguna alternativa. Se han hecho propuestas de reforma excesivamente cerradas, cuando, simplemente, había que abrir el debate y el tiempo de las reformas. Se han lanzado propuestas precipitadas, sin madurar, que han facilitado su descalificación. Se han propuesto contenidos extremadamente polémicos, que ni tan siquiera habían sido suficientemente debatidos —y ampliamente asumidos— en el sector del que procedían. Por si fuera poco, ¿quién puede asumir su bandera en Cataluña? O el federalismo no es el terreno de quien se ganó credibilidad en la oposición al procés o lo es de quien la perdió y no se sabe si logrará recuperarla. Y una brecha difícilmente superable separa a unos y otros.

Necesitamos abrir un gran debate sobre la reforma; abrir un tiempo de reformas. Pero nos enfrentamos a un gran problema. Para que tenga posibilidades de éxito es necesaria la profunda convicción de los partidos que deben impulsarla; y deben transmitirlo convincentemente a la sociedad. ¿Van a ser capaces de estar a la altura del reto que tienen ante sí? Si fracasan, ¿cuál será el horizonte respecto a Cataluña y, en general, para el sistema constitucional? ¿Alguien cree que es sostenible un sistema democrático que excluye la posibilidad de independencia sin ganarse a una amplia mayoría de la sociedad catalana?

(Artículo de Alberto López Basaguren, publicado en "El País" el 11 de octubre de 2017)

EL INDEPENDENTISMO, HACIA EL FRACASO.

Hace unos días, el diario francés de izquierda Libération afirmaba: "El separatismo catalán es nacionalismo obtuso, racista y excluyente". Y, días después, el escritor Ponç Puigdevall decía: "La Generalitat elabora una maquinaria política que contiene todos los rasgos distintivos del fascismo".

Posteriormente, los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España han aprobado el siguiente comunicado: "Sedes judiciales cercadas, jueces y demás servidores públicos hostigados, persecución del diferente, mandatos judiciales incumplidos, son ataques frontales al Estado de derecho". Y añaden: "El Estado de derecho cederá el terreno a la tiranía cuando las resoluciones judiciales queden convertidas en papel mojado".

Inmediatamente después, admitiendo el recurso de amparo interpuesto por el PSC, el Tribunal Constitucional ha dado un paso más en el control de la vigencia de nuestro sistema democrático y ha suspendido el pleno del Parlament convocado para el día 9 de octubre para proclamar la independencia de Cataluña. La decisión se hace por su "especial trascendencia constitucional", por la "relevante y general repercusión social y económica" del objetivo del pleno, por el "el radical quebrantamiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía" y porque la decisión que se pretende causaría "un perjuicio de imposible o muy difícil reparación".

No podemos ocultar nuestra satisfacción por dicha decisión para cerrar el paso, una vez más, a ese separatismo que definíamos más arriba. Pero es más, ese pretendido pleno, según el artículo 4.4 de la llamada Ley de referéndum de autodeterminación de Cataluña, debía haberse celebrado "en los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura electoral". Pero dado que dicha Sindicatura fue disuelta por el Govern, lo cierto es que lo acordado en dicha norma, como casi todas las de dicha ley, se ha incumplido. Y, posteriormente, se convoca un pleno que, pese a la trascendencia de su finalidad, carece de base legal.

Mientras, desde el 1-O, hemos visto cómo Junqueras, en su afán de hallar mediadores que facilitasen la declaración de independencia, se entrevistaba con el abad de Montserrat y el arzobispo de Barcelona, en una expresión de comprometer a la jerarquía católica en la política catalana, que, perdón, recuerda los intensos contactos en ese ámbito del dictador.

Pero cómo se atreven a seguir pretendiendo un diálogo con el Gobierno de España después de las jornadas parlamentarias de los días 6 y 7 de septiembre, que dieron cuenta del desprecio del Govern y su mayoría parlamentaria por los principios democráticos más fundamentales.

Y, además, cuando están sumidos en profundas contradicciones que solo pueden y deben conducir a la formal y definitiva renuncia al proyecto independentista. Y, así, no confundir más, si no engañar, a los ciudadanos. Sus leyes lo acreditan. En el preámbulo de la del referéndum dicen "que se han agotado todas las vías de diálogo y negociación con el Estado". Sin embargo, en el preámbulo de la ley de "transitoriedad jurídica" hacia la independencia afirman que "el Estado soberano e independiente [catalán] ...vehiculará la sucesión de manera negociada y pactada con las instituciones españolas", lo que se hace compatible con normas sobre la "inaplicación del derecho estatal vigente" (artículo 12) o con "acuerdos con el Estado español" (artículo 21). ¿Cómo es posible imaginar que el Estado español, bajo la Constitución de 1978 --incluso reformada--, gobernara quien gobernara, pactase con un hipotético Estado catalán independiente? Máxime cuando ni siquiera se ha celebrado, en las condiciones legales establecidas, un referéndum ajustado a los presupuestos constitucionales. Ciertamente, viven en una grave confusión entre la realidad y la ficción.

Esta política y estos políticos independentistas debería abandonar sus puestos con urgencia. Porque, además, el Govern en pleno está bajo la jurisdicción penal por lo delitos que, presuntamente, han cometido.

(Artículo de Carlos Jiménez Villarejo, publicado en "Crónica Global" el 6 de octubre de 2017)

UN RELATO DE ESPAÑA

En 1937 se publicó Viento del pueblo,el poemario del alicantino Miguel Hernández, que cuenta entre sus poesías con la que da título al libro. “Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta” es el célebre comienzo de un texto empeñado en mostrar que no es ése un pueblo de bueyes, dispuestos a doblar la cerviz, sino ansioso de libertad y señorío. ¿Quiénes componen el pueblo? Miguel Hernández va desgranando los nombres de todos los pueblos de España y caracteriza a cada uno de ellos con un rasgo alentador. “Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada…” y así hasta haber nombrado a todos los que componen el conjunto de esa España, en que, según él, nunca medraron los bueyes.

Hace algunos días, en las páginas de este diario, José Juan Toharia lamentaba que en el conflicto territorial que estamos viviendo en nuestro país sólo los independentistas hayan contado un relato, que se ha ido imponiendo por sintonizar con los sentimientos de una parte de la población, y sobre todo por falta de alternativa. No parecen existir otras narraciones, capaces de ilusionar a las gentes en otro sentido, y eso favorece la causa independentista.

Y es verdad que las personas interpretamos los hechos desde los relatos que se han ido inscribiendo en nuestro cerebro desde la infancia y que se encuentran muy próximos a las emociones. Es verdad que las narraciones son indispensables para llegar al sentimiento, por eso todas las culturas educan a sus miembros contando cuentos y parábolas, que hunden sus raíces en el pasado y proyectan el futuro. Pero también es cierto que, como decía Lakoff, las historias para ser fecundas, no sólo tienen que ser atractivas, sino sobre todo tienen que ser verdaderas. Tienen que unir —añadiría yo— sentimientos y razón, convencer con argumentos, y no sólo persuadir con recursos emotivos, porque deben llegar a la razón de las personas concretas, que es una razón cordial. Y no es de recibo distorsionar los hechos para acoplarlos a una historia que puede ser eficaz en movilizar sentimientos, pero falsa. La posverdad es sencillamente mentira, y rompe el vínculo humano de la comunicación en provecho de quien la cuenta, se mida ese provecho en votos o en dinero.

El relato de España en que creímos muchos de nosotros es el de Miguel Hernández, el de un conjunto de pueblos a los que la historia, con sus avances y retrocesos, ha ido uniendo, y que pueden aportar cada uno mucho de positivo al acervo común; una aportación que, afortunadamente, no siempre se mide en dinero, como querría una sociedad mercantilizada.

Creímos en un conjunto de pueblos, con sus peculiares historias y tradiciones, pero con una historia y una lengua compartidas, que nos ligaba a nuestra América, situada al otro lado del Océano Atlántico, y entre los que podía existir el proyecto compartido de organizar una sociedad más justa, tanto en la propia casa, como en el concierto de los países. Podíamos hacerlo precisamente porque había un vínculo cultural y a la vez peculiaridades diversas, pero además porque existían diferencias económicas entre las regiones, y la solidaridad entre ellas podía propiciar esa reducción de las desigualdades entre los ciudadanos que es la marca de cualquier proyecto progresista. Tal vez los términos “izquierda” y “derecha” oscurecen la realidad más que iluminarla, y habría que sustituirlos por “progreso” y “regreso”, denunciando por regresivo cualquier intento de quebrar una unidad en lo diverso que ya existe.

Sin embargo, en el actual debate sobre la organización territorial de España se ha producido un inmisericorde empobrecimiento de aquella perspectiva amplia. El número de protagonistas del relato parece haberse reducido a dos: el Gobierno de Mariano Rajoy en el marco del Estado y la Generalitat de Cataluña y quienes salen a las calles pidiendo la independencia. Han desaparecido del horizonte los “extremeños de centeno, aragoneses de casta” y cuantos intervenían en nuestra historia común, junto a los “catalanes de firmeza”, y ha quedado en la desoladora escena un enfrentamiento entre una entelequia llamada “Madrid” y otra, igual de difusa, llamada “Cataluña”. Ninguna de ellas corresponde a una realidad social de carne y hueso, ninguna de ellas tiene verdadera encarnadura social.

Y no sólo porque la mayoría de los catalanes no son independentistas, y habría que decir en el mejor de los casos “una parte de los catalanes”, sino porque apostar por la independencia de Cataluña no es decir no a Rajoy y a un “Madrid” inventado. Tampoco es decir no al Partido Popular. El a la independencia supone rechazar el vínculo con las gentes de esos pueblos de España, que tal vez no sean tan bravíos como los soñaba Miguel Hernández, pero tienen mucho que ofrecer en el concierto mundial desde esa articulación de unidad y pluralidad que tan pocos países han sabido engarzar con tanto respeto, si es que hablamos de cultura, tradiciones o lengua. Baste comprobar la diferencia con otros países, por otra parte espléndidos como Alemania o Francia, bastante menos sensibles al cuidado de lo diverso. Si en nuestro caso hablamos de desigualdad económica, no de diversidad cultural, entonces entramos en la discusión sobre la justicia distributiva y la solidaridad, no sobre cuestiones de identidad.

Sin embargo, como los relatos arrancan del pasado y sobre todo han de proyectarse al futuro, a las altura del siglo XXI, en el horizonte de un mundo global, no creo que haya proyecto más ilusionante y atractivo que el que esbozaron los ilustrados en el siglo XVIII, haciendo pie en el estoicismo y el cristianismo: el de construir una sociedad cosmopolita, en que sea posible erradicar la pobreza y el hambre, reducir las desigualdades, conseguir que ningún ser humano se vea obligado a emigrar, porque todos son ciudadanos de ese mundo. La globalización ha traído recursos que nunca pudimos soñar para ir adensando el grado de democratización de los distintos países, reforzando los vínculos legales y éticos con otras comunidades, que hoy en día ya comparten soberanía gracias a las uniones supranacionales, como la Unión Europea, y a la multiplicación de entidades internacionales, que podrían ser el germen de una gobernanza mundial. Es sin duda un proyecto y un relato que une los sentimientos a la razón.

(Artículo de Adela Cortina, publicado en "El País" el 2 de octubre de 2017)

CONTRA EL PESIMISMO.

No pretendo banalizar la situación que se producirá el próximo 1-O. Pero tampoco dramatizarla en exceso. Sencillamente, me resisto al pesimismo imperante y a las retóricas de choque de trenes y similares. Creo que el próximo domingo veremos un ejercicio de autocontencion y prudencia, tanto por parte de los ciudadanos que quieren votar como de los funcionarios públicos que están obligados por mandato legal a no permitirlo.

El mío intenta no ser un optimismo bobo, sino, en todo caso, un optimismo escéptico, basado en dos supuestos de comportamiento racional, tanto por parte de los ciudadanos como por los dirigentes independentistas.

No pienso que los voluntarios que en principio han de formar parte de las mesas, ni los ciudadanos que quieren votar, vayan a protagonizar el próximo domingo ningún tipo de movimiento de fuerza contra los funcionarios que vigilarán los centros en los que se pensaba llevar a cabo la votación. Posiblemente, eso sí, veremos colas ante esos centros que servirán para manifestar el deseo de votar y para medir la intensidad de ese deseo.

Esta creencia se apoya en mi convicción de que los impulsores del proceso independentista -especialmente los dirigentes de la Assamblea Nacional Catalana- saben de la importancia que tiene como el carácter pacífico de su movimiento. Y saben que si aparece algún tipo de violencia desde dentro, el primer perjudicado sería el propio proceso.

Si se me permite la metáfora, si se tratase de un partido (más de rugby que de fútbol), el referéndum del 1-0 no se jugará. Los dos bandos se presentarán en el campo. Pero el partido no se jugará por falta de acuerdo en las reglas de juego. Se producirá un 'empate'.

El riesgo está en el día después. En concreto, en cual será la decisión que adoptará el Govern y, en particular, su presidente acerca de si hacer o no una declaración unilateral de independencia al estilo de la de Companys el 6 de octubre de 1934. La lógica de acción reacción que ha dominado la política desde la aprobación por la mayoría independentista de las leyes del referéndum y de la desconexión -quebrando todas las reglas y formas parlamentarias de la democracia representativa- lleva a concluir que muy probablemente se producirá esa declaración.

Pero hay que dejar un espacio al posibilismo. Los dirigentes políticos -y quiero creer que también los dirigentes independentistas- son racionales. Ese cálculo racional les hará ver que una declaración unilateral despilfarrará el capital de apoyo social logrado hasta ahora.

La democracia pluralista no es el resultado de un consenso previo entre las fuerzas opuestas sobre los valores básicos. Es el resultado de un 'empate' entre grupos que anteriormente estuvieron agarrándose por el cuello pero que, finalmente, tuvieron que reconocer su incapacidad mutua para dominar. Mi optimismo escéptico se basa en la esperanza de que ambos bandos sabrán extraer esta lección. ¡Quién sabe, a lo mejor acabamos escuchando el viejo lema de 'libertad, amnistía y estatuto de autonomía'!

(Artículo de Antón Costas, publicado en "El Periódico de Aragón" el 27 de septiembre de 2017)

EL REFERÉNDUM CATALÁN ES UNA BURLA DEMOCRÁTICA.

España es un espacio público compartido, una realidad histórica con más de 500 años en su perímetro actual, una de las naciones más antiguas del mundo, dotada de una Constitución moderna, la de 1978, pactada entre las más diversas fuerzas políticas y ratificada por los ciudadanos de manera muy mayoritaria. Es un país plural y diverso, en el que existen distintas lenguas conviviendo con el castellano, como la catalana, la vasca y la gallega.

Su configuración política está fuertemente descentralizada y las que llamamos Comunidades Autónomas, con sus gobiernos y parlamentos, asumen una gran cantidad de competencias, semejantes a las federaciones más descentralizadas como la alemana.

Las normas que rigen el autogobierno están fijadas en los Estatutos de Autonomía, desarrollados en el marco de la Constitución Española que garantiza la soberanía de todos los ciudadanos españoles, su igualdad de derechos y obligaciones, al tiempo que reconoce la diversidad de los pueblos de España.

Llegar a este punto ha sido difícil en un periodo histórico en el que España trataba de superar conflictos históricos conocidos, cuya última etapa fue la salida democrática de una larga dictadura, precedida de un golpe militar contra la Segunda República en los tormentosos años 30 del pasado siglo.

Desde ese pacto constitucional, España ha conocido el periodo más extenso de convivencia en libertad, de modernización y desarrollo político, económico y social más brillante de su historia.

Contra esta realidad se alza un movimiento secesionista en Cataluña, que trata de liquidar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, destruyendo la legalidad vigente y la legitimidad del propio Gobierno de Cataluña, junto a los grupos parlamentarios que lo siguen en esta aventura.

En los momentos que vivimos lo más parecido al fenómeno de estos días, con la convocatoria de un pretendido referéndum de secesión, acompañado de una ley de transitoriedad hacia una nueva situación, es lo que está ocurriendo en Venezuela con su Asamblea Nacional Constituyente. Una ruptura sediciosa y, por ello, ilegal del ordenamiento jurídico democrático, llevada adelante sin respeto alguno a las normas que le dan legitimidad a los responsables políticos que lo quieren imponer al conjunto de la sociedad catalana y al de todos los españoles.

En el marco institucional de España todas las ideas pueden ser expresadas y defendidas con libertad. Por tanto, nadie puede objetar que haya ciudadanos que defiendan la independencia de un territorio o que, en sentido contrario, quieran acabar con la descentralización política y el Estado de las Autonomías.

Desde ese pacto constitucional, España ha conocido el periodo más extenso de convivencia en libertad, de modernización y desarrollo político, económico y social más brillante de su historia

En este caso se trata de hacer desaparecer la soberanía de todos los españoles para decidir su futuro, sustituyéndola por una nueva soberanía que correspondería al espacio territorial de Cataluña, ejerciendo un supuesto derecho de autodeterminación que vulnera la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía, tanto en la forma en que lo plantean como en el fondo.

Es posible defender un cambio constitucional y estatutario, siguiendo los procedimientos establecidos para hacerlo, pero no es posible, ni democrático, tratar de imponerlo desconociendo y violentando las normas. España, como cualquier democracia del mundo es un Estado de derecho, con sus propias reglas de funcionamiento, que tiene todos los instrumentos para cumplirlas y hacerlas cumplir.


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Mitologia em Português




O Julgamento de Páris

24.08.07
De acordo com o mito grego, a Guerra de Tróia viria a ser causada por um simples evento, normalmente chamado "O Julgamento de Páris ", cujos contornos gerais descrevo em seguida:

Apesar de terem sido muitos os convidados para um banquete em que se celebrava o casamento de Peleu e Tétis , Éris , deusa da discórdia, não foi uma das divindades convidadas. Irritada, a deusa enviou ao evento um maçã de ouro, na qual se podia ler a inscrição "Para a mais bela". Três deusas - Hera, Atena e Afrodite - responderam a esse desafio.
Zeus, incapaz de escolher uma vencedora, atribuiu tal honra a Páris , um mortal cujos dotes já estavam comprovados. Aparecendo a este herói, cada uma das deusas tentou atribuir um suborno a Páris : Hera dar-lhe-ia o trono da Ásia e Europa, Atena torná-lo-ia mais sábio e Afrodite dar-lhe-ia o amor da mais bela mulher, caso ele escolhesse cada uma delas para vencedora.
Talvez movido pela luxúria, Páris deu a maçã a Afrodite, com os efeitos desta decisão (e o posterior raptado de Helena, a mais bela mulher) a originarem a Guerra de Tróia.


Apesar de trivial, a decisão de Páris foi bastante importante para o desenvolvimento da Guerra de Tróia. São poucos os mitos que referem os dotes físicos de Atena , uma divindade associada ao dom da sabedoria, mas em termos de beleza física Hera é, normalmente, considerada como superior a Afrodite, uma deusa cujos atributos são mais ligados ao dom da paixão e do complexo amor. Poderão ter sido muitas as razões para a decisão que Páris tomou, mas o interesse no amor de uma bela mulher parece ser o mais óbvio.

É importante constatar que ambas as deusas preteridas apresentaram um papel fundamental na Guerra de Tróia, com Atena a participar directamente no conflito . A escolha do herói apresenta, também, um papel claramente metafórico, em que a este é proposta uma escolha entre dons físicos e atributos mentais, altura em que Páris parece favorecer o amor em detrimento da riqueza ou sabedoria. Também o famoso rei Midas , um mito referido anteriormente, teria opções similares, vindo a sofrer terríveis consequências.

Vítima da promessa de Afrodite, Helena tornar-se-ia amante de Páris , razão pela qual seria levada para Tróia e originaria o mais famoso conflito da Grécia Clássica. O tema de uma mulher causadora de infelicidade, seja directamente ou de forma indirecta, é frequente nesta mitologia, como também pode ser visto no mito de Pandora.


Apenas para dar uma nota final, é importante frisar que esta maçã de ouro pouco tem a ver com outros famosos frutos, as Maçãs das Hespérides, apesar de partilharem algumas características físicas.

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De Carolina a 03.07.2012 às 21:13

Onde eu posso encontrar essa lenda?
Está na Ilíada?
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De alguém a 06.07.2012 às 19:12

Este mito não aparece directamente na Ilíada, mas é-lhe feita uma alusão nas linhas 25 (e seguintes) do livro XXIV. Porém, muitos outros autores referem este mesmo mito, entre eles Ovídio.
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